Por: Claudia Altamar

Hablar del conflicto interno armado en Colombia, es incursionar en la profundidad de un estudio de tesis doctoral, en materia de violencia y sangre, que enluta a nuestro país, desde 1899 con la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, hasta hoy, por su naturaleza y complejidad.  Son 126 años largos, de conflicto, en medio de guerras civiles, como lo vivieron nuestros antepasados, desde el asesinato del líder político Rafael Uribe Uribe en 1914, en medio de una hegemonía conservadora que tuvo desarrollo entre 1886 y 1930.

La historia del surgimiento de grupos armados asociados a partidos políticos o a los gobiernos de turno, se remonta al gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, del 30 al 34; un conflicto afectado por los desplazamientos campesinos de 1934 a 1938, en el gobierno del presidente López Pumarejo.

Al terminar este período de la historia, son múltiples las Masacres con miles de víctimas, bajo la denominación de la palabra -Masacre- derivada del francés (Massacre), que se usa para referirse a un tipo de homicidio premeditado, por lo general de carácter masivo, caracterizado por el estado de indefensión de las víctimas, en medio de un ataque armado, sentido de la palabra que nuestro pueblo comprende muy bien, al buscar la historia de 1938 a 1946.  Es justamente ese período de nuestro país, que da origen al surgimiento de los primeros grupos paramilitares conservadores, como “Los Pájaros” y “Los Chulavitas” con pensamiento de centro, a lo que se llamó la formación de guerrillas liberales, que también abrieron paso a grupos de Autodefensas Comunistas.

En 1946 y casi sin tregua hasta los años 60, se escala el conflicto a los asesinatos de líderes políticos de importante envergadura, como es el caso de Jorge Eliecer Gaitán, llamado el “El Caudillo del Pueblo” por su origen sencillo y campesino.  Un hombre con ideas de cambio, que representaba para la época (1948) una amenaza a las líneas de pensamiento y partidos políticos de entonces.   Un grande de traje elegante, con peinado característico, de pelo lacio negro engominado, zapatos bien lustrados, quien con el tono del discurso conquistó la mentalidad y el sentimiento patrio de los colombianos. Daba visos de imponer las ideas que beneficiarían al pueblo, por encima de los intereses individuales.  Tal vez por eso, por asegurar a viva voz, que la política era el medio correcto y el camino que garantizaría la estabilidad que tanto necesitaba el país en el momento, es que su carrera política termina con su asesinato.

El Bogotazo, ese gran golpe a la estabilidad de los colombianos, sobre todo para los habitantes de la capital, con el asesinato de este líder político del pueblo el 9 de abril de 1948, produjo un cambio impactante en la forma de pensar de una sociedad nutrida por gente de origen humilde y trabajadora de Bogotá, que transformó su mentalidad, pues su pensamiento “revolucionista”, término que se emplea para referirse a alguien que es partidario de la revolución,  comenzó a tomar fuerza y se integró poco a poco en la sociedad, dando origen a otras formas y tendencias de hacer política.

Sin embrago esta historia de dolor, de sangre derramada a lo largo y ancho de nuestro país, se lee en más de 73 Masacres que tomaron el nombre de las regiones que protagonizaron los hechos, como: Genoy, Betania, San Rafael, Ceilán, Palestina, San Vicente, Anzoátegui, Pachacual, El Cocuy, Santa Helena de Opón, La Alsacia, Los Lulos, Callejas, Miraflores, El Engaño, y más nombres, que tal vez para el Colombiano de hoy, no tienen ninguna relevancia, porque los municipios y poblaciones, no son reconocidos como importantes destinos turísticos de hoy.  Fueron el escenario, de la muerte de inocentes víctimas de un fuego armado y las balas de los grupos insurgentes, que querían tener el control de las decisiones de orden político, a las buenas o a las malas.

Hacia los años 60, se crean los grupos armados de Colombia, con fuerza de “Ejército Insurgente”, cuya lucha era una declaración de guerra frontal en contra del gobierno.  Es entonces cuando escuchamos por primera vez los nombres del M19, las FARC, FARC-EP, ELN o EPL, y las AUTODEFENSAS. Iniciaba para nuestro país, una lucha que poco a poco se unió a los Carteles de la Droga, los que requerían el control de territorios para libre explotación de marihuana, el desarrollo de negocios ilícitos, explotaciones ilegales, lo que trajo consigo, el asesinato de cientos de líderes políticos, líderes de opinión, sociales, nutrida por actividades como el secuestro, la extorsión, los impuestos de guerra, medios de sostenimiento de la lucha armada.

Hoy el Narcotráfico, es un negocio y comercio ilegal de drogas, principalmente cocaína, desde Colombia hacia otros países. Una producción altamente eficiente, un alcaloide de alta pureza, que tristemente consume el mundo.  Esta actividad ilícita, incluye el cultivo o producción; procesamiento, transporte con las ideas más creativas de camuflaje para evadir los controles policiales en aeropuertos, puertos marítimos, controles de frontera, en medio de una distribución que genera inmensos problema sociales, económicos y políticos.

En Colombia, el Narcotráfico ha tenido un impacto significativo, por las repercusiones económicas que tiene. Es un negocio de $6 billones anuales, que corresponde al 0,75 del PIB Nacional. Según estudios del Departamento Nacional de Planeación, cubre 202.000 mil hectáreas de cultivos de coca, con un promedio de consumidores nacionales que llega a 1 millón y medio de personas locales, ubicados principalmente en las ciudades capitales (56% del total de consumidores están en las ciudades capitales), 11 millones en el continente americano, 2 millones en África, 5 millones setecientos mil en Europa, 2 millones novecientos mil en Asia y una cifra similar en Oceanía.

Colombia paga socialmente un precio muy alto en medio de este conflicto que se constituye como la tercera etapa de guerras internas en Colombia, de 1960 a la fecha.  En este período, el gobierno se enfrentó a grupos guerrilleros y paramilitares, los que en muchos casos fueron protegidos por la población civil, frente a una escasa presencia estatal garantizando orden, equidad y soberanía, en medio de disputas por el control de los recursos naturales.

El narcotráfico se convierte en una fuente de financiación para algunos actores armados, proliferan los desplazamientos masivos de la población, aumentan los asesinatos, los secuestros, el número de desapariciones y la violencia sexual.

Una de las etapas más difíciles de Colombia, ha sido la guerra contra el Narcotráfico, la que empezó el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del Ministro de Justicia,  Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, en ese entonces suplente en la Cámara de Representantes, y de quién Lara Bonilla, venía denunciando por el ejercicio de actividades ilegales, al descubrir el complejo cocalero de “Tranquilandia”, tierra de la tranquilidad, un laboratorio organizado y de importante proporción, ubicado en la selva del Caquetá, construido para el Cártel de Medellín por José Gonzalo Rodríguez Gacha, también conocido como el Mexicano, para su homónimo de negocio, Pablo Escobar. En aquel entonces el gobierno de Belisario Betancur, implementa de manera inmediata la Ley de Extradición contra los narcotraficantes firmada en el gobierno de Julio César Turbay, luego de esto, promulga el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), teniendo así una herramienta para combatir la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La extradición es la figura jurídica y judicial de mayor expresión en materia de cooperación internacional; siendo los casos más notorios asociados a esta lucha, el terrorismo, la producción de estupefacientes, el blanqueo de capitales, tráfico de armas, la trata de personas, presencia de organizaciones criminales y demás conductas punibles conexas a los anteriores delitos, así como aquellos establecidos o contenidos en el Estatuto de Roma.

La confrontación armada de Colombia, en el establecimiento de estas medidas de control del orden, se llevó por delante la vida de colombianos inocentes, no solo perteneciente a los caídos en combate miembros de la fuerza pública, sino de aquellos ligados a un liderazgo político, institucional o social y otros que cayeron simplemente, por estar en el lugar equivocado.

En los noventa, figuras públicas como Carlos Pizarro Leóngomez, Jaime Pardo Leal, y Bernardo Jaramillo, abrazaron la Banda Presidencial, hasta que la extrema derecha, quiso truncar sus ideales políticos y terminar con un nuevo partido, como la Unión Patriótica. Otros como Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán Sarmiento, se comprometieron con fortalecer el Proceso de Extradición, y encontraron el fin de su existencia, a manos de grupos de narcotraficantes que querían arrodillar al estado, con la presión del asesinato o el secuestro.

Muchos dicen reconocer por esto días un retroceso de 30 años de lecciones aprendidas en nuestra dolorosa y ensangrentada historia.

Hace tan solo cuatro días, en un ataque cuyas causas están en proceso de investigación, ad portas del inicio de las actividades de proselitismo político para buscar el mandatario de los colombianos el próximo año y por un nuevo período del 2026 al 2030, nos encontramos con el desafortunado incidente que tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos, al candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

¿Pero quién es esta nueva figura política? Un abogado y político colombiano, miembro del partido Centro Democrático, senador de la república y precandidato a la presidencia de Colombia. Concejal de la ciudad de Bogotá en el período 2012-2015 en representación del Partido Liberal, llegando a ser presidente de este cabildo distrital en 2014; fue secretario de gobierno de la ciudad durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, en el período 2016-2018; y candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones locales de 2019 donde obtuvo el cuarto lugar. Luego de los comicios, viajó a Estados Unidos a cursar una Maestría en la Universidad Harvard en Boston.​

En noviembre de 2021, reapareció sorprendiendo al revelar que fue invitado por el expresidente Álvaro Uribe a encabezar la lista del partido de derecha, el Centro Democrático, para el Senado en el periodo 2022-2026. El resultado electoral, lo convirtió en el candidato más votado en lista abierta.

Hoy con 39 años de edad, perteneciente por vía materna a la familia Turbay, una de las familias emergentes de la aristocracia colombiana, ligada a la política y el periodismo. Hijo de la periodista y presentadora de televisión Diana Turbay, y del empresario, político y líder gremial Miguel Uribe Londoño (no relacionado ni con Álvaro Uribe ni con Rafael Uribe Uribe). Su madre fue asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras ser secuestrada por «Los Extraditables», grupo narcoterrorista liderado por Pablo Escobar.

¿Retrocedimos en la historia? Hoy vivimos nuevos hechos de violencia, unas veces motivados por la polarización que vive el país y en otras, fruto de las desafortunadas decisiones de gobernantes, que mantienen en vilo a los colombianos.

Es verdad que los últimos días, se debaten en medio de tensiones provenientes de las reformas a la salud, el recrudecimiento de la violencia, los desafortunados discursos de odio, según opinan algunos, o en medio de tensiones políticas.

En esta Colombia del “Sagrado Corazón de Jesús”, pasa de todo. El presidente Petro, anuncia la emisión de Decretos para impulsar la consulta popular, pero al mismo tiempo, juega una carta de presión y hasta una nueva forma de chantaje político, anunciando el retiro o derogación del mismo, si la Reforma Laboral que hace tránsito en el legislativo, incluye las temáticas de las 12 preguntas estructurales en materia laboral, y son acogidas por el Senado.

En medio de las tensiones, los diferentes sectores políticos se levantan de las mesas de negociación, se rompen las posibilidades de conciliación política en el congreso.  Reconocidos juristas, ONGs, Centros de Pensamiento, rechazan las decisiones presidenciales, respaldadas jurídicamente por el ministro de Justicia entrante, Eduardo Montealegre, argumentando una base ilegal, que afecta la democracia.

Por otro lado, el llamado “Decretazo” desconoce la labor del Consejo de Estado, quien está determinando si hubo votación en el análisis de la reforma al interior del congreso el pasado 14 de mayo. El gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, define unilateralmente continuar con la promulgación y asume que no hubo votación.

En entrevistas concedidas por el ministro de Justicia entrante a varios medios de comunicación, confirma que este gobierno tiene la intención seria de promover una Asamblea Nacional Constituyente “de origen popular”, con el fin de rediseñar el marco constitucional vigente desde 1991.

Esta es otra manera de encender los debates políticos y jurídicos, previos a las campañas presidenciales para la siguiente contienda electoral, en medio del terror, la baja percepción de seguridad democrática y ciudadana en Colombia.

La escalada terrorista no para por estos días.  Los departamentos más afectados, Cauca y Valle del Cauca, así como son blanco de las acciones Jamundí, Buenaventura, Corinto, Villa Rica, Buenos Aires, Caloto, Toribio, Morales y Miranda.  Dicen los altos mandos militares, detrás de los 24 atentados en cadena, han impedido un promedio de 55 ataques más contra la población civil y las fuerzas militares y de policía, acciones que buscan sembrar terror y fortalecer los controles para el mercado del narcotráfico.

Los actos violentos de los últimos días, incluyendo el ataque perpetrado al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se le atribuyen a “Alias Mordisco” y los frentes bajo su mando.

Dicen las altas esferas militares del país, que no solo con operaciones militares se puede poner orden en el territorio, sino que se necesita de una inversión social por parte del Estado, tras años de olvido y abandono estatal.

En el hoy de Colombia, hay un gobierno que tensa la cuerda de las presiones políticas y jurídicas de forma permanente. Las diversas manifestaciones de Opinión Pública, se dejan ver en medio de marchas, protestas, encuentros callejeros, hechos delictivos, amenazas y realidades terroristas, con lenguajes detonantes a partir de la narrativa usada desde el gobierno.  Es justamente el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien promete bajar el tono, propiciar el diálogo, y pactar reglas de seguridad jurídica.