Por: Juliana Uribe, decana del programa de derecho de Universitaria de Colombia

22/01/2024

Venezuela, es el país con más reservas de petróleo probadas del mundo, estas son aquellas cantidades estimadas de aceite negro que con una certeza razonable son recuperables en la actualidad, tanto comercial como técnicamente.
Sin embargo, es un territorio donde el concepto de soberanía como elemento esencial del estado, es de carácter excesivo y en la actualidad es sinónimo de violación del Derecho Internacional Humanitario, sin enumerar los tratados y convenciones que el régimen ilegítimo del reelecto gobierno ha configurado en los últimos años.
No es claro, como un país que tiene el principal recurso natural no renovable, que domina el crecimiento de le economía global, hoy se encuentra en una discusión para algunos estados que apoyan el sistema político y el criterio soberano del Estado Venezolano.
Además de lo mencionado, la soberanía es la suma del poder político, supremo y con la particularidad de ser ilimitado, que tiene un país para definir con independencia su propio ordenamiento jurídico y su política interior, como exterior.
En el caso, que nos ocupa desde el año de 1999, la soberanía de este país recaía en el pueblo, no obstante, este criterio ha variado considerablemente, en la actualidad.
Las organizaciones internacionales, han determinado que el concepto se soberanía y la forma de gobierno de Venezuela, es excesiva y hace mucho tiempo dejó de ser una dictadura, para convertirse en una tiranía que desconoce por completo el escenario de democracia y la participación del pueblo y la oposición en las políticas que gobiernan el estado.
Las normas supranacionales, es decir aquellas, que priman sobre las leyes de cada país, han estipulado que la soberanía de un estado, en un principio inviolable, lo cual no significa que no existan límites, cuando ésta, desconoce la voluntad de los asociados, y es la configuración de que el poder se encuentra concentrado sólo en una persona, como sería el caso del presidente de Venezuela.
Llama la atención, la OEA – Organización de Estados Americanos, creada en 1948, conformada por 35 países de la cual no es miembro el estado venezolano, toda vez que en el año 2019 su presidente anunció públicamente el retiro de la misma, sin embargo, no se puede desconocer la Convención Americana de Derechos Humanos, norma internacional y estructura fundamental de la OEA, que deben cumplir todos los estados del continente americano, hagan parte o no de la organización, en el sentido que la democracia y el respeto por los derechos humanos de la población son el pilar fundamental de este sujeto internacional.

Adicionalmente, la ONU – Organización de las Naciones Unidas, creada en el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, conformada por 193 miembros en la actualidad, debe velar por el estricto cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, la cual es una norma internacional, que se basa en la igualdad soberana de los países, en la prohibición del uso de la fuerza, en la paz y en la seguridad mundial, que deben respetar y aplicar todos los estados del mundo, razón por la cual no es claro, como no se han adoptado medidas definitivas para defender la democracia y la legitimidad del pueblo venezolano, desde el inicio del régimen de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, cuando era evidente la ideología de una dictadura, que con el paso del tiempo terminó en una de las tiranías más reconocidas y criticadas hoy por la comunidad internacional.
En este particular escenario, es determinante analizar cuales serán las decisiones de carácter vinculante, que las organizaciones internacionales ordenara, en los próximos días, con el fin de hacer un intento poco exitoso, tendiente a derrocar el régimen de Nicolás Maduro, en un territorio, que desde hace muchos años no fue un interés global para los estados dominantes en el mundo, simplemente se consolidó como país que día a día era blanco de titulares en medios de comunicación, pero que infortunadamente hoy es una preocupación mundial, no sólo por ilegitimidad del gobierno, si no por su posición geográfica y su interés en el mercado de los hidrocarburos.

Juliana Uribe, decana del programa de derecho