Docente: Ma. Camila Segura Montenegro /Abogada

La reforma laboral en Colombia ha sido un tema de amplio debate y polarización en los últimos años. Desde la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, presentada en 2023, hasta su eventual hundimiento en el Congreso, el país ha sido testigo de un intenso enfrentamiento entre sectores políticos, empresariales y sindicales. A pesar de que la reforma buscaba mejorar las condiciones laborales, fortalecer los derechos de los trabajadores y reducir la precarización del empleo, enfrentó serios cuestionamientos sobre su impacto en la economía, la generación de empleo formal y la sostenibilidad fiscal. ¿Por qué se hundió la reforma laboral? ¿Cuáles fueron los factores clave que impidieron su aprobación? En este blog analizamos el ABC de este tema.

1.1 ¿Qué es una reforma laboral en Colombia  y por qué era importante esta propuesta?

Una reforma laboral es un cambio normativo que busca modificar las reglas del mercado de trabajo, ya sea para fortalecer la protección de los trabajadores o para flexibilizar la contratación con el fin de incentivar el empleo formal. En Colombia, la legislación laboral ha oscilado históricamente entre ambos enfoques. La Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002 introdujeron mayores flexibilidades en el régimen de contratación y redujeron algunos costos laborales, con el argumento de que esto fomentaría la formalización del empleo. Sin embargo, estudios como los de Gaviria (2005) han demostrado que estas reformas no lograron el aumento en la formalidad esperado, sino que en muchos casos incrementaron la precarización laboral.

La propuesta del gobierno Petro, contenida en el Proyecto de Ley 166 de 2023, se inspiró en la agenda de “Trabajo Decente” de la OIT y en el artículo 25 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental al trabajo digno. Entre sus principales objetivos estaban restituir derechos laborales perdidos en reformas anteriores, reducir la temporalidad en la contratación y formalizar nuevas modalidades de trabajo, como el de los repartidores en plataformas digitales. A pesar de estas intenciones, la propuesta no logró avanzar en el Congreso y terminó archivada.

1.2 Factores clave que llevaron al hundimiento de la reforma laboral en Colombia 

1.2.1 El aumento de costos laborales  y su impacto en la generación de empleo

Uno de los argumentos centrales en contra de la reforma fue el impacto que tendría en los costos laborales para los empleadores. Entre los cambios propuestos estaba el restablecimiento del recargo nocturno desde las 7:00 p.m., el aumento de la compensación por trabajo dominical y festivo al 100% y el fortalecimiento de la estabilidad laboral con indemnizaciones más altas por despido sin justa causa.

Según un estudio citado por Infobae (2024a), estas medidas habrían incrementado los costos laborales entre un 2.4% y un 5.9% por trabajador, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que generan el 80% del empleo en Colombia. Gremios como Fenalco advirtieron que, de aprobarse la reforma, el costo de la contratación podría subir entre 30% y 35% en algunos sectores, lo que llevaría a despidos y a un aumento en la informalidad.

Fernández y Ulyssea (2024) estimaron que la reforma habría elevado la tasa de informalidad entre 7 y 12 puntos porcentuales, afectando especialmente a trabajadores en sectores con bajos márgenes de rentabilidad. Esta situación llevó a que varios congresistas argumentaran que, aunque la reforma tenía un enfoque de protección al trabajador, podría haber generado el efecto contrario: una reducción en las oportunidades de empleo formal.

1.2.2 La rigidez normativa y la incertidumbre para el sector empresarial

Otro punto crítico de la reforma fue la eliminación de figuras de contratación flexible, como los contratos por prestación de servicios y los contratos sindicales, además de la prohibición de la tercerización laboral en actividades misionales. Aunque estas medidas estaban diseñadas para combatir la precarización y garantizar la primacía de la realidad en las relaciones laborales, también significaban una reducción en la flexibilidad de contratación para sectores que dependen de esquemas de subcontratación especializada, como la construcción, el comercio y las plataformas digitales.

El Instituto de Ciencia Política (2023) señaló que la reforma eliminaba “la autonomía y flexibilización que permite trabajos diversos, adaptables e independientes”, lo que podría afectar la competitividad del país en un contexto donde el empleo remoto y las nuevas formas de trabajo digital están en auge. En el caso de los trabajadores de plataformas digitales, aunque la reforma proponía su formalización, no se presentó un modelo claro de afiliación que conciliara los intereses de los trabajadores con la viabilidad económica de las plataformas.

1.2.3 La falta de consenso entre los actores involucrados

Desde el inicio, la reforma enfrentó una fuerte oposición por parte de los gremios empresariales y de algunos sectores políticos. A pesar de los intentos de concertación, el texto final del Proyecto de Ley 166 de 2023 no logró generar el consenso suficiente entre empleadores, sindicatos y el gobierno.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) intervino en el debate y envió un mensaje directo a los empresarios, pidiéndoles que “no usen la falta de consenso para frenar el progreso” (Infobae, 2024b). Sin embargo, la falta de acuerdos sobre puntos clave, como la estabilidad laboral reforzada para prepensionados y el aumento de costos de despido, generó un bloqueo político que dificultó su trámite.

1.2.4 Las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y la carga para el Estado

Un aspecto menos debatido, pero fundamental, fue el impacto fiscal de la reforma. Aunque el Gobierno insistió en que la reforma no tendría un impacto significativo en el presupuesto, varias disposiciones implicaban costos adicionales para el sistema de seguridad social y el Estado.

Por ejemplo, el incremento de licencias remuneradas (como la ampliación de la licencia de paternidad y permisos especiales para salud menstrual o violencia de género) generaba dudas sobre cómo se financiaría su implementación. Fernández y Ulyssea (2024) proyectaron que los ingresos fiscales podrían reducirse entre 1.8 y 2.0 puntos del PIB debido a los efectos combinados de la reforma en el empleo y la productividad.

El éxito de cualquier reforma laboral depende no solo de su contenido normativo, sino de su capacidad para ser implementada de manera efectiva. Sin un aumento en la capacidad de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, muchas de las disposiciones de la reforma habrían quedado en el papel sin un cumplimiento real.

1.3 Conclusión: ¿Qué sigue para la regulación del trabajo en Colombia?

El hundimiento de la reforma laboral representa una oportunidad para replantear un modelo de regulación laboral más equilibrado, que garantice la protección de los trabajadores sin desincentivar la contratación formal. No cabe duda de que Colombia necesita actualizar su legislación laboral, pero esto debe hacerse de manera concertada, considerando las realidades del mercado y los desafíos económicos.

El Gobierno ha anunciado que buscará reintroducir una nueva versión de la reforma en los próximos meses, pero para que esta tenga éxito, será clave incorporar mecanismos de ajuste progresivo, diferenciar las medidas según el tamaño de las empresas y reforzar los incentivos para la formalización. También se debe promover un diálogo social más amplio, donde trabajadores, empleadores y el Estado encuentren puntos de acuerdo que permitan avanzar en la construcción de un mercado laboral más justo y sostenible.

El debate sobre la reforma laboral sigue abierto y su desenlace tendrá un impacto profundo en el futuro del empleo en Colombia. La pregunta ahora es: ¿se puede lograr una reforma que equilibre la dignidad del trabajador con la competitividad del país? La respuesta dependerá de la capacidad del Gobierno y del Congreso para construir una propuesta que realmente atienda las necesidades del país.