ANÁLISIS CRÍTICO CENTRO DERECHA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
“COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”
ALEXANDER JAIMES MEDINA

El 07 de febrero del presente año, el actual Gobierno nacional radicó ante el
Congreso de la República el documento denominado Plan Nacional de
Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” el cual
consagra los lineamientos para las políticas públicas que se ejecutaran entre
los años 2023 y 2027.
Según el artículo primero, su objetivo es sentar las bases para que Colombia
se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción
de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y
exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro
relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada
en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Todo enfocado hacia
conseguir la tan anhelada paz total, entendida como la búsqueda de una
oportunidad para vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una
cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas
y que garantiza el cuidado de la casa común.
Vale la pena señalar que las bases para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo 2022 – 2026 fue elaborado por el Gobierno nacional con la
participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de
Planeación, y también tuvo en cuenta los insumos entregados por los
colombianos en los Diálogos Regionales Vinculantes.
De la revisión de plan, la acción climática resulta, al parecer el eje transversal
sobre la cual descansan los siguientes postulados: 1) El agua y las personas
como centro del ordenamiento territorial. 2) Manejo de residuos. 3) Transición
energética segura, confiable y eficiente. 4)Áreas protegidas. 5) Justicia
ambiental y deforestación, todos postulados nobles de cara a las propuestas
en campaña.
Sin embargo, si damos una mirada a los números observamos que se
realizarán inversiones por casi 1.155 billones de pesos en los próximos cuatro
años los cuales estarán destinados a poner en marcha el anhelo de convertir
a Colombia en potencia mundial de la vida, no obstante, parte de esos
recursos, estarán destinados a las Alianzas Público Populares que le permite
al gobierno entregar contratos directos a juntas de acción comunal, ONG y
asociaciones. Aunque la verdad hay que decirla, esto no es un logro de este
gobierno sino del pasado.
Otra de las cosas que siempre preocupo a críticos y defensores del plan, fue
que el artículo que buscaba acoger las recomendaciones de la Comisión de
la Verdad sobre el conflicto armado, se cayó. Hecho que se celebra con
beneplácito por beneficiar a las victimas reales del conflicto.
Frente al tema social, hay que resaltar la continuación de programas como la
Renta Ciudadana, Jóvenes en Paz, Basura Cero para todo el país, una
actualización de la compra de tierras para la reforma agraria y un fondo
especial para que el Ministerio de la Igualdad pueda ejecutar su presupuesto,
dado que a la fecha no cuenta con recursos de funcionamiento o inversión, a
pesar de ser una bandera en campaña.
Con relación a la recuperación de energías limpias, no pasó en el Congreso
la iniciativa que buscaba que Ecopetrol se convirtiera en una empresa
generadora de electricidad como primera fase de la llamada transición
energética, así como tampoco pasó la creación de la Agencia Nacional de
Seguridad Digital y algo positivo, es que solo se le dieron, algunas de las
muchas facultades extraordinarias que el presidente pedía en el plan,
quedando vivas solo: 1) Rescatar el San Juan de Dios. 2) crear una entidad
llamada Caminos Vecinales. 3) reorganizar el Grupo Bicentenario y
reorganizar los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción para dar
paso a Renta Ciudadana, Jóvenes en Paz y Hambre Cero, es decir, seguir
con lo que veníamos, pero versión 2022-2026.
Varios de los puntos que preocupan es omisión de los proyectos 5G del
articulado, la flexibilización que facilitaría al PND para la contratación estatal,
la insistencia del Gobierno de implementar la expropiación exprés en tierras,
vía plan nacional y la falta de norte en temas de ordenamiento territorial.
Sobre el fantasma de la expropiación, es pertinente mencionar que el artículo
55 a juicio de muchos, permite al gobierno comprar tierras mediante
expropiación pero, si los propietarios no venden, el IGAC aumentará el
impuesto predial para obligarlos a vender, pese que el Petro y Francia
Márquez firmaron ante un notario que no harían expropiaciones.
Hay que hacer una claridad y es que de la lectura del artículo 55,
denominado: “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra
de tierras por oferta voluntaria”, no se advierte de manera expresa el término
“expropiación”; sin embargo, aumenta los poderes de la Agencia Nacional
de Tierras para adquirir y sanear terrenos de interés para el Gobierno. Esto
sumado al artículo 61 que a juicio del partido Conservador, pone el riesgo la
propiedad privada.
No sorprende mucho las fuentes de inversión para financiar el plan, pues será
como siempre se ha hecho: 1) presupuesto general de la nación. 2) Sistema
General de Participaciones. 3) Recursos territoriales. 4) Empresas públicas.
5) Sistema General de Regalías y 6) Cooperación. Lo que indica que así se
quiera, el petróleo es y seguirá una fuerte importante de financiación de
políticas públicas y que la transición energética aun romántica y necesaria,
no es viable sin la exploración y explotación de hidrocarburos, eso sí, que
protejan el medio ambiente y el ecosistema sostenible.
Y finalmente, el DAS digital, es decir, la Agencia de Seguridad Digital,
tampoco pasó